Lucha por “tepesianos” pone los reflectores sobre empresas y trabajadores

WASHINGTON— Noé Duarte, un “tepesiano” salvadoreño, trabaja como supervisor de seguridad en obras de construcción, recorriendo cloacas en la capital estadounidense junto con su escuadra, y también es contratista en proyectos de pintura. El fin del programa de “Estatus de Protección Temporal” (“TPS”) pondrá en aprietos a las empresas que dependen de estos inmigrantes.

Duarte, de 41 años, figura entre los cerca de 200,000 salvadoreños que ayer recibieron el ultimátum del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) al cancelar su “TPS”: o buscan una vía para legalizarse, o a partir del 9 de septiembre de 2019 tendrán que salir de EEUU, incluyendo a sus hijos nacidos en este país.

El esperado anuncio ha puesto los reflectores sobre las empresas que contratan a trabajadores amparados al “TPS”, y que jugarán un papel clave para que el Congreso apruebe una medida para legalizar a la comunidad de “tepesianos”, según dijo a este diario Jaime Contreras, vicepresidente del sindicato “32BJ SEIU”.

“No se pueden quedar con los brazos cruzados. La Cámara de Comercio de EEUU se ha declarado a favor de los del TPS… hay proyectos de construcción acá en el área de Washington, y en otras partes del país, que no se pueden levantar porque las empresas no encuentran trabajadores”, señaló.

La eliminación gradual del “TPS”, que ampara a más de 320,000 inmigrantes indocumentados,  impactará en particular a Texas y Florida, que se apoyan en la mano de obra inmigrante para su reconstrucción tras los huracanes del año pasado.

“Desmantelar mi vida”

“Lo primero que pensé es que, al desmantelar el TPS, nos obligarán a desmantelar nuestras vidas en este país. Sin ese permiso, ¿Cómo y dónde vamos a trabajar? ¿De dónde saldrá el dinero para la renta, los cobros, los carros, la comida, o la manutención de mis hijas?”, afirmó Duarte.

Su trabajo de día para una importante empresa de construcción nacional –que no quiso revelar por motivos de seguridad-, es su escudo contra la pobreza.

Duarte trabaja haciendo inspecciones en parte del alcantarillado de Washington D.C,  asegurando que los empleados utilicen cascos, lentes, chalecos, zapatos y uniformes especiales para evitar contaminación o infecciones, en cumplimiento con los requisitos federales

Entre febrero y marzo próximos, la empresa, en la que el 80% de los trabajadores es de origen latino, iniciará las siguientes fases de un proyecto de procesamiento de aguas negras que, según Duarte, no podría completar sin los latinos.

“Entro a las alcantarillas con los equipos de trabajo, y allí encontramos condones usados, compresas, suciedad, un hedor vomitivo… el blanco no quiere hacer esos trabajos,  porque dice que son peligrosos y asquerosos. El hispano viene de países donde se pasa hambre, necesidades, y no reniega para hacerlos”, aseguró Duarte, quien lleva 15 años en el sector de construcción.

Duarte también estableció su propia empresa como contratista independiente, “N&D Contractors”, haciendo trabajos de pintura en las tardes para suplementar su salario.

El “tepesiano” salvadoreño, Noé Duarte, es dueño de negocio y trabaja día y noche para mantener a su familia. Foto: suministrada

“A mí todo me ha costado, no me ha mantenido el gobierno ni le he quitado trabajo a nadie. Acabo de conseguir un contrato con un edificio de apartamentos… mi sueño es hacer crecer mi compañía, y no es justo que quieran truncarlo”, enfatizó.

Empresarios son clave para futuro de “tepesianos”

La decisión del DHS, calificada como despiadada por la mayoría de sus detractores y celebrada por grupos anti-inmigrantes, afectará a empresas que dependen de la mano de obra de los “tepesianos”, particularmente los sectores de construcción, restaurantes y servicios, jardinería, guarderías, y supermercados, entre otros.

Se prevé que el empresariado, de la mano de la Cámara de Comercio de EEUU, la “Coalición para la Inmigración de Trabajadores Esenciales” (EWIC) y otros grupos, renueven su llamado a que el Congreso  apruebe una medida que ayude a los inmigrantes y a los negocios.

Según datos del “Centro para el Progreso Estadounidense” (CAP, en inglés),  los “tepesianos” de  El Salvador, Honduras y Haití tienen una tasa de participación laboral de entre el 81% y 88%.

En el caso de los salvadoreños, la Cámara de Comercio de EEUU señaló que hay 36,900 beneficiadas con el “TPS” en el sector de construcción, y en momentos en que la tasa nacional de desempleo es baja, no tiene sentido poner en riesgo a estos trabajadores y a las empresas que los necesitan.

Un estudio de la Asociación de Contratistas Generales (AGC) de EEUU dijo que el 70% de las empresas de construcción afronta escasez de mano de obra y, de continuar de forma crónica, “podría tener impactos económicos significativos, si no hay mayores inversiones en educación técnica y vocacional”.

Aunque, en general, los trabajos del sector pagan bien y ofrecen bonos e incentivos, éstos no atraen a trabajadores jóvenes, en parte porque muchos puestos requieren viajar o porque son peligrosos.

Para el año 2020, el sector de la construcción posiblemente afronte una escasez de 1.5 millones de trabajadores.

La Cámara de Comercio de EEUU se sumó a grupos cívicos, religiosos, académicos y sindicalistas para exigir que el gobierno dejase en pie el “TPS”  para El Salvador pero ahora la estrategia será presionar para que el Congreso apruebe una ley antes de que se venzan los permisos.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, canceló el “TPS” ciñéndose únicamente a la razón original para cederlo a El Salvador en 2001 –los dos terremotos de enero y febrero de ese año- y la relativa reconstrucción del país, indicaron funcionarios del DHS.

Pero Nielsen obvió que la economía de EEUU perderá $164,000 millones en una década con la eventual salida de esos inmigrantes de El Salvador, Haití y Honduras;  la rampante violencia en El Salvador y que, sin una solución legislativa, la Administración estaría echando a unos 192,00 niños nacidos en este país de “tepesianos” salvadoreños.

Duarte emigró de Metapán, en el occidental departamento de Santa Ana en 2000, huyendo, según explicó, de la pobreza y de la pandilla “MS-13”, que  intentó “reclutarlo” por las malas.

“Era nuevo en mi cantón, y La Mara (pandilla) investiga a la gente nueva, para ver a quiénes puede reclutar. A mí me habían perseguido hasta una iglesia, pero me escapé por un costado… a los tres días me agarraron y me llevaron ante el jefe, me echaron un chucho (perro) bravo para que me mordiera, y me golpearon”, recordó.

Duarte, padre de dos hijas adolescentes, tiene una vía para legalizarse mediante su madre pero el proceso es largo y, aunque estuviese protegido de la deportación, eso no le resuelve su potencial pérdida de empleo.

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